La Situación de las Entidades Locales en México (1/3)
Hoy en "colaboraciones especiales", contamos con el destacado análisis de Jorge A. Silva que es Economista con Maestría en Administración y Políticas Públicas por el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económica). Actualmente se desempeña como Coordinador de Programas del Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank).
Y nos habla sobre la situación de las entidades locales en México desde una perspectiva de las finanzas públicas y el federalismo, dicho artículo se compone de 3 partes, hoy tenemos la primera entrega:
En México, existe un esfuerzo por mejorar las estructuras administrativas y los sistemas de gestión financiera por parte de los gobiernos locales. Este esfuerzo, en parte proviene de la tendencia a implementar un proceso de descentralización fiscal y administrativa promovido por los mismos ciudadanos y gobiernos locales que no se han visto beneficiados por el actuar de los gobiernos centralizados, o actualmente promovido por los mismos gobiernos centrales como una solución a muchos de sus problemas administrativos, de dirección, de efectividad, e incluso de corrupción.
El proceso de descentralización fiscal y administrativa que vive México presenta ciertas aristas que son acentuadas por las características de cada entidad dado que, en teoría, tienen autonomía fiscal; así, hacer una exploración y medición de las capacidades institucionales de los gobiernos locales, determinará el grado de eficiencia con que el proceso de descentralización se puede llevar a cabo en los municipios.
Es simple y claro, los resultados de las políticas públicas implementadas por los gobiernos locales, no se ven en la mayoría de los más de 2,400 municipios que tiene México y se refleja en el descontento general de la ciudadanía. Sin embargo, debes preguntarnos: ¿Qué hacer ante este escenario, cuando los municipios están en quiebra tanto financiera como de credibilidad? Y, ¿tienen la capacidad los gobiernos locales para llevar a cabo este proceso?
La eficiencia en la estructura financiera radica en el estudio de las responsabilidades de los municipios para con los ciudadanos, relacionado con la provisión de los servicios públicos para satisfacer las demandas básicas de la población; en los gobiernos municipales estas responsabilidades se acentúan porque tienen las características de ser los gobiernos más identificados ante la comunidad, lo que crea en ellos un gran compromiso local con respecto a sus acciones. Por lo tanto, en estos gobiernos existe un vínculo claro entre sus responsabilidades y las obligaciones de los ciudadanos.
Los municipios se encuentran por lo tanto ante la necesidad de obtener más recursos y promover adecuadas políticas fiscales como la implementación de nuevos impuestos, el cobro por licencias de negocios y cargas a los usuarios, aumentar el asidero fiscal mediante actualizaciones de registros catastrales, etc. Además, en los municipios el residente consume los servicios de manera directa y presenta una mayor voluntad para el pago de altas tasas impositivas y así disfrutar y financiar lo que él percibe que consume.
La descentralización histórica que se ha dado en México ha privilegiado al gasto público mediante el aumento de transferencias de recursos a los gobiernos subnacionales, sin antes haber realizado la tarea de fortalecer organismos, instituciones, estructuras financieras, etc. de estas entidades. Como resultado de tales iniciativas, se ha presentado un problema grave de déficit fiscal en la mayoría de los municipios urbanos, y por supuesto en los rurales, ya que se depende en gran medida de los montos otorgados por el gobierno federal y no se hace el esfuerzo por recaudar ingresos propios disminuyendo así la autonomía financiera con respecto al gobierno federal.
El reto de la descentralización en México es crear una dinámica de incentivos que sea capaz de disminuir las enormes diferencias entre los gobiernos subnacionales y generar así, políticas públicas asimétricas con la idea de que la intervención ayude poco a poco al acercamiento de las situaciones y capacidades de los gobiernos subnacionales.
A manera de propuesta, se sostiene que los municipios urbanos deben contar por los menos con el 33% de autonomía fiscal, es decir, deben de incrementar la captación de recursos propios porque se ha demostrado que quienes poseen más ingresos propios como proporción de sus ingresos totales dan un uso más eficiente a estos recursos. Es importante cubrir casi en su totalidad el gasto corriente con la generación de ingresos propios y destinar el resto de los recursos a gastos en obra pública.
Aunado a esto, se debe considerar que para generar un incremento en los ingresos propios, es tarea de los municipios y no de la federación contar con ciertas características que les servirá para medir su potencial de recaudación como por ejemplo: contar con un nivel de profesionalización (especialista) en el área financiera, establecer por ley un sistema de rendición de cuentas que vaya desde el mínimo nivel de la dependencia financiera hasta el titular de la misma, solicitar al Estado el otorgamiento del derecho de contar con el catastro, el municipio debe crear incentivos para fortalecer la recaudación que vayan desde la automatización del cobro para mayor comodidad del ciudadano hasta campañas de regularización de adeudos y beneficios adicionales por pago puntual y homogeneizar metodologías de cobro de impuestos.
El cálculo del potencial recaudatorio entonces, se vuelve una clave de inicio para una eficiente administración municipal. Si se conoce el potencial recaudatorio se incentiva a aumentar los mecanismos que mejoren el nivel de ingresos propios y por lo tanto, el municipio tiene la oportunidad de convertirse en un agente dinámico con capacidad de cubrir no solo gasto corriente sino gasto de inversión.
Así pues, se construiría un posible indicador de eficiencia en las políticas de ingresos de los municipios que relacione el potencial recaudatorio versus la recaudación neta para un periodo determinado. Este indicador es considerado como un efectivo parámetro del grado de descentralización de un sistema.
Por tanto, es tarea del municipio crear mecanismos que ayuden a calcular y posteriormente recaudar más ingresos en sus haciendas locales vía esfuerzo propio y corresponde a la federación reestructurar esquemas compensatorios que no desincentiven a los municipios en sus esfuerzos fiscales, en sí, crear mecanismos que no simulen solamente un federalismo fiscal sino mecanismos que reflejen un federalismo competitivo y sobretodo eficiente en la implementación de sus políticas públicas.
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