De las demandas sociales a la nueva constitución chilena

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El día de hoy, contamos con la colaboración especial del internacionalista Andrés Alejandro Rosales Segura, que nos explica todo acerca del proceso constituyente en Chile y los desafíos que quedan por delante.



Ciertamente que mucho se ha hablado sobre el proceso de transformación en Chile, lo cual ha derivado en múltiples acontecimientos que se relacionan entre sí y que conllevan a distintas explicaciones sobre el tema. No obstante, es necesario preguntarse el cómo pasó de un problema muy focalizado del aumento de tarifas en el metro, a todo un movimiento que incentivó el proceso de renovación constitucional chilena. Es claro que esto no ocurrió de la noche a la mañana, por tanto este artículo pretende dar algunos hitos en los acontecimientos recientes de la transformación del sistema político y percepciones hacia el futuro de la nueva constitución.

En el contexto del 2019, una serie de acontecimientos se gestaron en el continente americano, la mayoría de ellos con base de demandas sociales centrados en el tema de “la crisis de la desigualdad” (BID, 2020) motivada por la exigencia hacia los gobiernos, mejoras sustanciales en la calidad de vida de los ciudadanos, oportunidades de desarrollo y sobre todo reglas más justas. En Bolivia al igual que Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Venezuela y evidentemente Chile, experimentaron en años anteriores, distintos movimientos políticos en función de sus propias realidades, cuya consigna replicaba un cambio sustancial al interior de los países.

En Chile el descontento social se percibe desde una larga data que no puede ser explicada solamente por la subida de precios del transporte en la capital del país, como se aseguró en un principio del conflicto. En la sociedad chilena, durante muchos años se fueron acumulando problemas sin soluciones claras o concluyentes para apaciguar a toda la población. Muchos explican que la base del modelo neoliberal fue el responsable del distanciamiento político y social, privilegiando la economía como el centro de la política, dejando a la sociedad con un sentimiento de injusticia colectiva y desatendidas principalmente por los gobiernos al poder.

Desde la perspectiva de la población, a pesar de tener números positivos respecto PIB, renta media, estabilidad cambiaria, entre otros, el ingreso promedio por habitante debe contemplar aspectos como las AFP (Fondos de retiro), las deudas educativas, los créditos de vivienda, el sistema de salud, deducciones tributarias, altos costos en bienes y servicios, lo que representa una enorme carga al salario que imposibilita el ahorro y generó un descontento en múltiples sectores sociales, que llegaron a la conclusión de la necesidad de un cambio estructural normativo a favor de mejorar las condiciones generales de vida del ciudadano promedio.

El 18 de octubre de 2019 se toma como un precedente (24 Horas.cl. 2019), donde un grupo de estudiantes manifestándose por el aumento en el transporte, llamaron al impago del boleto del Metro de Santiago y a la desobediencia social, lo que hizo reaccionar al gobierno con el uso de la fuerza pública, indignando a otros sectores de la población por la falta de empatía hacia la protestas y el exceso de la fuerza en varios casos, lo que trajo a la memoria de la colectividad, los terribles acontecimientos que sucedieron en la dictadura chilena (1973-1990). 

Ante el mal manejo de crisis y estrategias políticas desatinadas por el segundo mandato de Sebastián Piñera como presidente de la República de Chile (2010-2014 / 2018-2022), se fueron agrupando las demandas sin una dirección en específico, lo que complicó al gobierno para mantener un diálogo hacia una pacificación social, en la multiplicidad de demandas y sectores trastocados, enfrentados con las fuerzas del orden público y la declaración de Estado de excepción (19 de octubre de 2019), complicó el escenario aún más, mostrando las incapacidades jurídicas para poder resolver de fondo los problemas y las demandas colectivas.

La evidencia sobre las limitantes en la constitución, llevaron la discusión hacia otra dirección y a repensar un nuevo orden jurídico, que no sólo desahogara las tensiones entre la sociedad y el gobierno, sino que permitiera la discusión y solución de problemas estructurales en la sociedad. No obstante, dicho cambio requería de un consenso nacional y de una voluntad política para hacer el magnífico esfuerzo de convocar a una junta constituyente en caso de encaminarse a una renovación constitucional, aspecto que encontró una lógica sustanciosa, recordando que la constitución que rige el país fue instalada en un periodo de dictadura, instaurando el modelo económico que privilegiaba a ciertas clases políticas chilenas y que justificaba en gran parte invocar un recurso jurídico que le permitirá al país forjarse un camino distinto, incorporando en su máxima expresión la democracia y la igualdad social la coyuntura actual a través del “Acuerdo por la Paz” (15 de noviembre de 2019). 

Apropósito de este acuerdo, su consagración fue una combinación entre las demandas de la ciudadanía y la manera de que la clase política pudo encaminar una solución ante la diversidad de demandas, entendiéndose que la renovación constitucional no figuraba en un inicio como el objetivo principal de las demandas sociales, pero si permitía liberar la discusión y establecer soluciones a los problemas estructurales, que la clase política supo entender oportunamente, institucionalizando y legitimando el proceso, con la intención de unificar una sola causa ente la diversidad de demandas que constantemente amenazaban con la estabilidad política del país y con la ya deteriorada credibilidad hacia las instituciones políticas. 

Incluso a pesar de la pandemia mundial y de las afectaciones catastróficas en Chile, el camino hacia una nueva constitución no se detuvo, el  25 de octubre de 2020, se realizó la consulta ciudadana sobre si se aprobaba o rechazaba la redacción de una nueva Constitución, resultando de este acto 78.27% de las preferencias fue para la opción Apruebo, mientras que el 21.73% fue para la opción Rechazo, en una participación de la población de 7.562.173 votantes (Plebiscito Nacional 2020). En este margen de participación se consolidó la idea del cambio y se está en un camino aún más incierto del cómo atender la gran variedad de demandas sociales y si realmente esta nueva constitución podrá cubrir a cabalidad con las altas expectativas de la población.

Como bien se había mencionado, este proceso será largo, y es que recientemente se está dando el primer paso hacia la transformación, esto como en cualquier proceso político trae oportunidades y desafíos, la principal oportunidad para una nueva constitución chilena, es poder incorporar temas tan actuales como cambio climático, paridad de género, igualdad y derechos sociales, derechos humanos, etc., algo que incluso en las reformas anteriores de la constitución chilena (principalmente la emblemática en 2005 firmada por Ricardo Lagos) no se había podido incorporar porque no era tema principal en la construcción del Estado, eso la puede convertir eventualmente en un referente en mundo, al establecer en la carta magna aspectos innovadores que actualmente ninguna constitución tiene, además de traer consigo una legitimidad por parte de la población.

Los desafíos que tiene por delante el proceso constituyente se encuentran en la base de la propia creación, desde la perspectiva de Felipe Garrido (Docente de la PUCV y analista internacional) la elección de junta constituyente (155 miembros que se eligen mediante sistema parlamentario), es decir los que se encargarán de escribir el contenido de la constitución, desde su elección el 11 de abril de 2021, tendrán un periodo de 2 años (esperando algunas prórrogas), para poder hacer consultas y definir el texto final, teniendo en consideración la falta de consenso respecto a los temas a incorporar y la definición de ciertos aspectos que son claves para intentar satisfacer el cúmulo de expectativas que existen en la ciudadanía, dejando un espacio para rebrotes de insatisfacciones a pesar del cambio estructural.

De cualquier forma el camino ya está fijado, el resultado es incierto pero la motivación ciudadana está al máximo, con eso en mente, quedará seguir atentos de los acontecimientos subsecuentes, agregando más variables que puedan aportar u obstaculizar el proceso constituyente, aspectos como la unificación social, la pugna partidista, la búsqueda de intereses particulares por sectores económicos y financieros, agradando el complejo  e inherente esquema regional, que determina al interior del país la pauta a seguir, para materializar el tan esperado cambio buscado por la sociedad chilena desde años atrás.

Fuentes:

Andrés Alejandro Rosales Segura
Doctorando en Ciencias Políticas en la Universidad de la República, Uruguay. Magíster en Relaciones Internacionales (PUCV), Chile. Licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Director e Investigador en Olympo Consultores Internacionales. Coordinador de Enlace Internacional, Red Global Mx, Capítulo Uruguay. Docente y Analista Internacional. e-mail: andresrosales87@hotmail.com / consultoresolympo.com


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