Ley de usurpación de títulos y honores: el caso de Cristina Cifuentes en España


El 21 de marzo de 2018, Eldiario.es publicaba una investigación en la que señalaba que la presidenta de la Comunidad de Madrid desde 2015, Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas.

"El 4 de abril de 2018, compareció de forma extraordinaria ante el pleno de la Asamblea ante un requerimiento de explicaciones por presuntas irregularidades de su expediente académico en lo relativo a la adquisición de su título de máster en derecho autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), en el que se había matriculado para el curso 2011-2012" (Wikipedia en base a Cifuentes defiende la legalidad de su máster pero no convence a la oposición).​


El 13 de abril, es suspendido el responsable del máster de Cristina Cifuentes, Enrique Álvarez Conde, y abierto un expediente a la funcionaria que manipuló las notas. Ese mismo día, el diario El País publicaba un artículo sobre otro político y su curriculum: El hinchado currículum americano de Pablo Casado. El cual vale mucho la pena leer, ya que es un claro ejemplo de cómo muchos individuos hinchan sus curriculums. Por ejemplo, cuando en tu CV o tarjeta de presentación pones formación en Harvard: El críptico “DGP de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard” que menciona su currículum del Congreso no es otra cosa que el Driving Government Performance Program, un curso de una semana de duración que cuesta 8.800 dólares y para el que no se requiere titulación previa alguna... Sin embargo, el miércoles eldiario.es publicó que el curso de Harvard que consta en su currículum no se realizó en Estados Unidos sino en Aravaca, Madrid, constó solo de cuatro días de clase y costó 2.000 euros.

Como consecuencia de la polémica por el máster de Cifuentes llevó a otros políticos a modificar sus currículums en la web del Congreso. "Los partidos lo justifican por cuestiones de espacio, por cambios reales en los estudios –algunos diputados han finalizado carreras o másteres mientras ya ocupaban un escaño del Congreso– y por errores y correcciones.".



Por casos así, en todos los países debería de existir una Ley que penalice la usurpación de títulos y honores en la administración pública, y no dejarlo al criterio del político o funcionario para que presente su dimisión, el despido debe de ser automático y conllevar una multa económica. Exijamos mejores políticos y funcionarios preparados y que no nos engañen desde un principio con un currículum falso o inflado...

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