México, expertos en crisis económicas: 1º parte
En México somos expertos en crisis económicas, y lo demostraré no en términos políticos, sino meramente económicos, centrándome en el modelo neoliberal heredado en Harvard, haciendo una reflexión sobre los programas innovadores que realmente funcionaron en su momento, y valorar los verdaderos meritos en materia económica (insisto no política) de algunos economistas mexicanos y su compensación en la comunidad internacional (segunda parte).
El origen de este post nace por dos razones: 1) comparar la inexperiencia de la política económica de Zapatero en España (tercera parte) y 2) la falta de objetividad en la historia económica de México en Internet - ya que he notado en la búsqueda de información en la red - existe información dirigida en un sentido político y no económico en Wikipedia por mencionar “la mejor” fuente. Es importante aclarar que la información sobre cada etapa presidencial, no es de mí autoria, es un resumen, y dándole click al nombre del presidente les llevará a la fuente de donde lo tome (donde encontrarán más información).
El período de Miguel de la Madrid Hurtado (Licenciado en Derecho por la UNAM, Maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard):
El 1 de diciembre de 1982 de la Madrid tomó posesión del cargo con mandato hasta 1988, en un momento de "emergencia" económica, según la expresión que él mismo empleó. El hundimiento en junio de 1981 de los precios internacionales del petróleo -con mucha diferencia, el primer producto de exportación de México- debido a una saturación de la oferta en los mercados, había repercutido inmediatamente en toda la estructura productiva y financiera nacional, y reventado el engañoso auge desarrollista de los últimos años (merecedor en su momento del ditirambo de "milagro mexicano"), que basaba la industrialización en el endeudamiento. Para apagar la luz roja en todas las cuentas públicas, la escalada de los precios y la evaporación de las reservas de divisas, López Portillo había optado por ampliar el control estatal de la economía de modelo mixto mediante la nacionalización de la banca privada (1 de septiembre de 1982) y la implantación del control de cambios antes de fijar un tipo devaluado del peso.
Toda vez que estas medidas no dieron los resultados apetecidos, López Portillo hubo de decretar la moratoria en el pago de la deuda exterior. Cuando la transferencia del mando a de la Madrid, el país se encontraba ya en recesión económica, la inflación rozaba el 100% anual, la deuda exterior sobrepasaba los 80.000 millones de dólares y el sistema financiero estaba en virtual bancarrota por la caída de los ingresos de exportación y la fuga de capitales. El flamante mandatario mantuvo por el momento el intervencionismo financiero y monetario y anunció un plan anticrisis de diez puntos que incidía en la austeridad y la recuperación de la liquidez, y que postergaba la recuperación de la inversión, el consumo y el crecimiento. En líneas generales, dicho plan consistió en recortes en el gasto público, inversiones selectivas en actividades productivas y creadoras de empleo, subidas de los tipos de interés con el objeto de atraer los capitales financieros, alzas impositivas y tarifarias, y eliminación de subvenciones de productos básicos de la cesta de la compra.
En añadidura, de la Madrid lanzó una campaña de moralización en la función pública que incluyó reformas legales para fiscalizar y perseguir a los administradores corruptos. También, retomó el diálogo con los acreedores internacionales para reescalonar el servicio de la deuda y obtener un empréstito de 5.300 millones de dólares; a cambio, el Gobierno sistematizó sus medidas de ajuste con el denominado Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), presentado en enero de 1983. La cascada de iniciativas presidenciales incluyó la promulgación, el 30 de mayo de 1983, del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que, con el aval del FMI, sustituyó al PGD de 1980 y supuso una confirmación de la fe en las políticas estatistas y planificadoras como garantes del desarrollo a largo plazo.
Transcurrido el primer bienio de gobierno, de la Madrid presentó un balance económico esperanzador en el que destacaban: la recuperación del crecimiento, un 3,6% del PIB frente al 4.2% de tasa negativa con que había cerrado 1983; la reducción del déficit de las finanzas del Estado del 16,9% al 8,6%; la duplicación de las reservas internacionales de divisas; un sensible recorte de la inflación hasta el 81% anual; y, el regreso del superávit a la balanza por cuenta corriente, inclusive, tras muchos años de dominio de las importaciones sobre las exportaciones, la balanza comercial. Además, se había logrado renegociar la deuda en términos viables y el Estado había amortizado el crédito de urgencia concedido en diciembre de 1982 por el FMI.
Los sacrificios económicos encajados por los mexicanos en 1983 y 1984, con una fuerte pérdida de poder adquisitivo no fueron suficientes para conjurar las repercusiones negativas de un año tan infausto como 1985. El pago de la siempre atosigadora deuda externa obligó al Estado a hacer fuertes emisiones de moneda que generaron desconfianza en el peso e inflación, mientras que la continuación de las penurias financieras situó al PIRE en la picota. El deterioro se vio acelerado por la tendencia bajista de las cotizaciones internacionales del petróleo, la debilidad también de los mercados de las materias primas no petroleras que México exportaba, y la carrera alcista del dólar.
En el ecuador de su mandato, de la Madrid, calificado a menudo de hombre gris y falto de visión, se sintió impulsado a adoptar otra hornada de medidas de inequívoco sabor liberal: nuevas y vigorosas podas de gastos y de personal en la vastísima administración federal; desaparición de departamentos y oficinas gubernamentales; clausura de fideicomisos; suspensión de proyectos de obras públicas; venta al capital privado de empresas no emblemáticas del Estado; remoción de barreras proteccionistas a las importaciones; más recortes en los programas y subsidios sociales; y, nuevas alzas también en las tarifas de los servicios públicos. En agosto de 1986 México suscribió el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT).
A lo largo de 1987 el equipo presidencial dio pábulo al optimismo con la recuperación de las exportaciones no petroleras gracias al valor competitivo del peso y la firma de importantes acuerdos crediticios con la banca internacional. Además, se produjo una recuperación del precio del barril de crudo, lo que llenó de golpe el agujero en las reservas de divisas y elevó su nivel hasta el valor histórico de los 15.000 millones de dólares. El 5 de octubre de 1987 la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) vivió una jornada de euforia, pero en el lapso de unas breves horas las dinámicas especulativas actuaron con crudeza y explotó un proceso incontrolado de ventas que hasta el día 28 hizo perder al parqué bursátil hasta el 50% de su volumen de capitalización. El desfondamiento, coincidente con el crack de la Bolsa de Nueva York, sólo pudo ser detenido con la entrada urgente de la Nacional Financiera (Nafinsa) en las operaciones de compra.
El 18 de noviembre el Gobierno dispuso una devaluación del peso del 55% y fijó el tipo de cambio intervenido en las 2.278 unidades por dólar, haciéndolo coincidir con el tipo de cambio libre; al principio de sexenio, el dólar se había cambiado a 150 pesos, lo que da una idea del grado de depreciación sufrido por la moneda mexicana en estos años. Entre enero y diciembre de 1987 el peso perdió el 192% de su valor y la inflación para los doce meses registró la tasa del 160%. En diciembre de 1988 la moneda iba a acumular una devaluación del 3.270% desde diciembre de 1982.
El 15 de diciembre de 1987, urgido por las circunstancias, de la Madrid suscribió un Pacto de Solidaridad Económica (PSE) con los actores sociales para consensuar las medidas de contingencia antiinflacionaria y repartir cargas de responsabilidad y sacrificio. Sin embargo, el pujante sindicalismo independiente del PRI optó por las movilizaciones de protesta, asumiendo la portavocía de un profundo malestar social que se nutría tanto del interminable ajuste económico como de los excesos demagógicos de los responsables políticos, las endémicas redes de corrupción y clientelismo, la inepcia burocrática y, en definitiva, todos los vicios e inercias de un sistema que ya no daba más de sí sin profundas transformaciones tras más de medio siglo de vigencia.
De hecho, con de la Madrid se cerraba una época, pues el mandatario, a diferencia de sus predecesores, renunció a incrementar el presupuesto federal como fórmula para contener las presiones sociales; ahora, esas presiones, impelidas por el crecimiento demográfico, la industrialización, la urbanización y la mejora del nivel educativo, sumaban a las preocupaciones materiales de siempre unas exigencias sin precedentes de mayor apertura y pluralismo políticos, reflejando la emergencia de una sociedad civil más compleja y madura.
El hundimiento de la BMV se produjo un día antes de designar de la Madrid a su candidato para las elecciones de 1988. La codiciada distinción recayó en Carlos Salinas de Gortari, antiguo alumno suyo en la UNAM, protegido desde largo tiempo y factótum de la nueva política económica como responsable de la Secretaría de Programación y Presupuesto, la misma que había desocupado de la Madrid en 1982. No obstante estar bregado en las labores ideológicas del PRI, Salinas encarnaba las nuevas generaciones de cuadros tecnocráticos impregnados de pragmatismo economicista.
Carlos Salinas de Gortari (Licenciado en Economía por la UNAM (1970), una maestría en Administración Pública (1973) y otra en Economía Política (1976), y un Doctorado en Economía Política y Gobierno (1978), todos estos posgrados en Harvard).
En 1979, en el cuarto año de la presidencia de José López Portillo, su anterior jefe ministerial cuando éste llevó la Secretaría de Hacienda hasta 1975, Salinas fue nombrado secretario técnico del Gabinete Económico y director general de Política Económica y Social en la Secretaría de Programación y Presupuesto, ministerio que titularizaba un antiguo profesor suyo en la UNAM, Miguel de la Madrid Hurtado, a la sazón el tapado de López Portillo para sucederle en la Presidencia en las elecciones de 1982. Llegado ese momento, Salinas supervisó desde el IEPES la campaña presidencial de de la Madrid, quien una vez posesionado de la suprema magistratura, el 1 de diciembre, entregó a su antiguo alumno la secretaría gubernamental que había desocupado el año anterior.
El presidente de la Madrid delegó en su hombre de confianza la paternidad de una nueva política económica que principió las reformas más características de la década siguiente: la austeridad en el gasto público, con recortes en los programas y los subsidios sociales, la liberalización del comercio exterior y la diversificación de las exportaciones, la apertura a las inversiones foráneas, la reconversión industrial y la privatización de empresas del Estado.
Bajo la Administración de Salinas se ejecutaron las grandes transformaciones estructurales que el presidente consideraba ineludibles para conformar el México moderno del próximo siglo. De entrada, se aceleró la campaña de privatizaciones comenzada en 1982, viéndose afectadas ahora todas las grandes empresas del Estado. Así, fueron entregados al capital privado la telefonía (Telmex, una compañía plagada de denuncias por negligencia en el servicio que en diciembre de 1990 fue adjudicada en pública subasta a un consorcio encabezado por el magnate Carlos Slim Helú), las comunicaciones viales y las aerolíneas, el sector químico, el siderúrgico (Altos Hornos de México), los seguros, las cadenas hoteleras, los medios de radiodifusión (Imevisión, que dio lugar a la TV Azteca) y, finalmente, la banca.
La histórica reforma del sistema bancario, emprendida en mayo de 1990 y rematada en diciembre de 1993, supuso la reversión total de la nacionalización realizada en 1982 por López Portillo, que había reducido las 764 entidades entonces existentes a menos de una veintena, encabezando las sobrevivientes el Banco Nacional de México (Banamex) y el Banco del Comercio (Bancomer). Asimismo, el Banco central de México, Banxico, fue dotado, reforma constitucional mediante, de un régimen jurídico que, con arreglo al modelo liberal, garantizaba su autonomía funcional y administrativa.
Eminentemente pragmático, Salinas explicó que las privatizaciones convenían al país a efectos de ingresos en la caja del Estado, ganancias que luego el Gobierno destinaría a abonar la deuda interna y a costear las necesidades sociales, pero la gigantesca operación produjo unos réditos incluso mayores de los esperados: sólo en 1991 el Estado recaudó 10.700 millones de dólares por ese concepto. Al final del mandato de Salinas, más del 90% del parque empresarial del país tenía dueños privados, quedando como únicas excepciones relevantes la Comisión Federal de electricidad (CFE) y el emblemático monopolio Pemex, el cual, no obstante, tampoco salió indemne de la avalancha de liberalizaciones, ya que, a través de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (julio de 1992), empezó a estructurarse como holding corporativo, asumiendo criterios de eficiencia y racionalidad, dotándose de una estructura divisional (las subsidiarias de Exploración y Producción, de Refinación, de Gas y Petroquímica Básica, y de Petroquímica) y abriéndose a la inversión privada extranjera según el esquema de franquicias.
El segundo florón del "liberalismo social" pregonado por Salinas fue la modificación, en diciembre de 1991, del régimen minifundista del ejido, perpetuado como la principal conquista social de la Revolución pero que, según el Gobierno, dificultaba la mecanización y la capitalización del agro mexicano por la reducida extensión de las parcelas comunitarias. La enmienda del artículo 27 de la Constitución suprimió el marco jurídico de la reforma agraria realizada en el período cardenista, poniendo fin al reparto de terrenos, convirtiendo a los tres millones de ejidatarios en propietarios formales y autorizando a las sociedades con capital privado la adquisición, reventa o arriendo de los ejidales con determinados límites de superficie. En círculos izquierdistas no hubo ambages en hablar de verdadera "contrarreforma agraria".
En tercer lugar, Salinas inauguró un nuevo concepto del crecimiento económico nacional que orientaba la producción hacia fuera, a la exportación, en detrimento de la industrialización. En la liberalización comercial, en el desarme arancelario a gran escala, iba a fundar, pues, México, sus perspectivas de progreso, y en primer lugar, el presidente apostó duro por la inclusión de México en el área de libre comercio ultimada por Canadá y Estados Unidos, país que por sí solo concentraba el 73% de todos los intercambios de México con el exterior.
Este histórico despegue del área latinoamericana para unirse a la Norteamérica rica y anglosajona desembocó en la firma por Salinas el 17 de diciembre de 1992, a la vez que lo hacían, cada uno en su país, el presidente George Bush y el primer ministro Brian Mulroney, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA en su sigla en inglés), por el que los tres países asumían un cronograma para la eliminación de todos los aranceles al comercio trilateral en un plazo de diez años a partir del primer día de 1994. Si todo iba bien, en 2004 el TLCAN debía estar plenamente operativo.
El PIB mexicano creció en el primer cuatrienio de la administración de Salinas un promedio anual del 3,2%. En 1993 la tasa marcó sólo el 0,4%, en parte debido a una actuación del Gobierno para impedir el recalentamiento de la economía, pero en 1994 recuperó la pauta anterior. La inflación marcó en 1989 el 19,7%, en 1990 remontó hasta el 30% y en lo sucesivo descendió progresivamente hasta el 7,1% registrado en 1994, índice sin parangón en 22 años.
En este comportamiento positivo fue instrumental la entrada en vigor, el 1 de enero de 1993, del nuevo peso, que restó tres ceros a la divisa homónima precedente y que cotizó al tipo fijo de 3,3 unidades por dólar más una banda de fluctuación. A la bonanza económica y la estabilidad monetaria se les sumó una negociación con el FMI, la banca comercial y una serie de gobiernos acreedores para la reestructuración de la deuda externa que produjo resultados moderadamente positivos. Primer país del continente en abrazar (julio de 1989) el Plan Brady ofrecido por el Tesoro de Estados Unidos, México recortó el servicio de la deuda por la mitad y hasta 1992 el monto de la misma osciló ligeramente por encima de los 100.000 millones de dólares, comenzando a crecer luego.
Pero los logros en las luchas contra la inflación y el déficit de las finanzas públicas (en 1992 el salinismo puso fin a este endémico descubierto por la vía de emitir deuda pública y obtuvo un espectacular superávit del 3,4%) se cobraron grandes sacrificios de la población, sobre todo la disminución sistemática del poder adquisitivo de las clases medias y bajas. Para compensar los bajos salarios, la reforma del ejido y la supresión de multitud de intervenciones proteccionistas y asistenciales, el Estado puso en marcha el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), que, financiado con el producto de las privatizaciones, invirtió 18.000 millones de dólares en infraestructuras de comunicaciones, servicios sociales, vivienda subvencionada, becas de estudios y otras ayudas.
En los momentos de mayor optimismo del sexenio salinista por la constatación de un nuevo milagro económico mexicano (otra etapa calificada de milagrosa había sido el boom desarrollista fundado en el petróleo en la segunda mitad de los años setenta, durante el lopezportillismo), varios analistas coincidieron en advertir que el crecimiento se estaba apoyando sobre bases hueras, ya que la mayoría de los capitales privados estaban siendo invertidos, no en actividades productivas y generadoras de riqueza estructural, sino en fórmulas de riesgo financiero pero con alta rentabilidad así como en instrumentos de deuda pública como los tesobonos (que garantizaban los pagos en dólares en vez de pesos), creando una peligrosa burbuja especulativa. Así, en 1992, más de la mitad de los 60.000 millones de dólares en capital foráneo estaba invertida en la bolsa de valores.
El 1 de diciembre Salinas terminó su mandato y Zedillo tomó posesión de la Presidencia. Nadie imaginaba entonces que México estaba a punto de sufrir una de las crisis más angustiosas de su historia. El 19 de diciembre, informado por Banxico de que las reservas internacionales en dólares estaban agotándose vertiginosamente al ritmo de una masiva fuga de capitales especulativos y de cancelaciones de tesobonos que habían comenzado tras el asesinato de Colosio y tomado un curso acelerado en noviembre, hasta alcanzar los 24.000 millones de dólares, Zedillo decidió devaluar el sobrevalorado peso en un 15%, pero el nuevo margen de cotización fue inmediatamente rebasado, obligando a declarar la libre flotación de la moneda el día 22. Aunque los problemas de iliquidez del tesoro público habían alcanzado un nivel crítico meses antes del traspaso presidencial, la administración saliente no tomó ninguna medida contundente antes de recurrir a la devaluación, como podría haber sido una subida de los tipos de interés –receta ortodoxa que sin embargo habría resultado altamente impopular- para revertir la crisis.
Hasta las fiestas navideñas, el peso perdió un 60% de su valor, convulsionando los mercados internacionales -el popularmente conocido como efecto tequila- y colocando las finanzas mexicanas al borde de un hundimiento de dimensiones catastróficas. Sólo un gigantesco plan de salvamento internacional coordinado por el FMI y capitaneado por la Reserva Federal Estados Unidos, con una inyección de 51.000 millones de dólares, permitió estabilizar el mercado cambiario, pero, eso sí, al precio de aplicar un draconiano plan de ajuste. La descomunal crisis financiera reveló crudamente la naturaleza desestructurada y ficticia de buena parte del crecimiento registrado de los últimos años. El mercado financiero volvió a estabilizarse, pero 1995 iba a cerrarlo México con una recesión económica del 6,9% y una tasa de inflación del 52%, por no hablar de la destrucción o precarización de millones de puestos de trabajo, de la pérdida de poder adquisitivo por la población y del agravamiento de las desigualdades sociales.
Ernesto Zedillo Ponce de León (Licenciado en Economía por el IPN, Doctor en Economía por Yale).
Desde 1978 y a lo largo de las administraciones de José López Portillo (1976-1982) y Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), Zedillo se desempeñó sucesivamente como: analista y subgerente de investigación económica del Banco central de México (BANXICO); responsable de la puesta en marcha del Fondo de Intercambio, Cobertura de Riesgos y Confianza (FICORCA), un órgano gubernamental, también conocido como Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios, que permitió reestructurar la deuda de muchas empresas mexicanas; y, desde 1987, subsecretario de Planeación y Control Presupuestal en la Secretaría de Programación y Presupuesto del Gobierno federal.
En diciembre de 1988 el nuevo mandatario priísta, Carlos Salinas de Gortari, también economista de formación, le nombró secretario, esto es, ministro, de Programación y Presupuesto en sustitución de quien hasta ahora había sido su superior, Pedro Aspe Armella. Como tal, Zedillo se encargó de ejecutar las directrices de austeridad en los gastos del Estado prescritas por el FMI y asumidas por Salinas como parte de su ambicioso programa de reformas liberales en la estructura de la economía, y también participó en el diseño de las políticas de desarrollo y del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), encaminado a paliar el coste de las reconversiones en el terreno social.
En enero de 1992 Salinas le puso al frente de la Secretaría de Educación Pública, donde emprendió una profunda reforma de la educación preescolar, primaria y secundaria que quedó plasmada en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), presentado a la opinión pública en el mes de mayo. En noviembre de 1993 el designado candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, con quien compartía una visión democratizadora del sistema político, nombró a Zedillo coordinador general de su precampaña electoral.
Colosio fue asesinado el 23 de marzo de 1994 durante un mitin en Tijuana y seis días después, con el país conmocionado por el magnicidio, el PRI se decantó por Zedillo como el nuevo postulante del oficialismo. Hombre con una imagen de servidor público competente, inteligente y honesto, pero un tanto gris y sin gancho, su ubicación en los círculos de Colosio y Salinas se interpretó entonces como una garantía para la continuidad de las reformas impulsadas durante el sexenio que tocaba a su fin.
El 19 de diciembre Zedillo no había cumplido su tercera semana de trabajo en la Residencia Oficial de Los Pinos cuando le salió al paso una de las sorpresas más desagradables nunca encajadas por un presidente recién inaugurado en cualquier país del mundo, aunque los nubarrones que presagiaban la tormenta ya llevaban un tiempo desprendiendo chispas. Aquel día, advertido por BANXICO de que las reservas de dólares se estaban agotando a toda velocidad en el vano intento de sostener al sobrevalorado peso, objeto de agresiones en el mercado cambiario, el presidente aprobó una devaluación monetaria del 15% que sin embargo fue invalidada de inmediato por la dinámica del mercado libre. Lo que se reveló, en toda su crudeza, fue una gravísima crisis financiera provocada por el embarque masivo de capitales especulativos, iniciado tras el asesinato de Colosio y acelerado en las últimas semanas, que totalizó los 24.000 millones de dólares. El peso, puesto en flotación el día 22, cayó en barrena y hasta el final de año perdió el 60% de su valor, convulsionando los mercados internacionales -el popularmente conocido como efecto tequila- y situando al sistema financiero mexicano al borde de la quiebra.
La catástrofe pudo ser evitada gracias a un apresurado plan de salvamento internacional, el cual, coordinado por el FMI y capitaneado por el Tesoro de Estados Unidos, inyectó desde el 21 de febrero 51.000 millones de dólares a cambio de un drástico plan de austeridad consistente en la subida de los impuestos indirectos y las tarifas de los servicios públicos, así como la contención de los salarios por debajo de los nuevos precios. La condición más extrema y dolorosa que le impuso Washington al Estado mexicano a cambio de la gigantesca contingencia crediticia fue el depósito como garantía de pago en un banco estadounidense de los 7.000 millones de dólares ingresados anualmente por las ventas petroleras, toda una hipoteca sobre el florón de la producción nacional.
El sistema financiero volvió a estabilizarse, pero 1995 lo cerró México con una recesión económica del -6,9% del PIB y una tasa de inflación del 52%. Además, la restauración del orden financiero condujo a la destrucción o la subcontratación de millones de puestos de trabajo, a una pérdida masiva de poder adquisitivo de la población y al crecimiento de las rentas más elevadas. Con un 40% de la población por debajo del umbral de la pobreza y al menos otro 25% en sus límites, México acentuó su condición como uno de los países con más desigualdades sociales de América Latina. Claro que el presidente, combinando deseos de solvencia y prurito nacionalista, dispuso lo necesario para lograr la rápida y completa amortización del préstamo de emergencia: el último tramo, intereses incluidos, fue reembolsado el 15 de enero de 1997, tres años antes del plazo establecido.
Por desgracia, no puedo hablar de Vicente Fox y Felipe Calderón, no porque sean panistas (me considero una persona apolítica), sino porque desde un punto de vista como economista, Fox no hizo prácticamente nada, y Calderón es y será sólo, en la historia de México, una guerra contra el narcotráfico. Aún así, les dejo los links, y juzguen ustedes mismos la información si les interesa.
Guillermo Ortiz, fue Gobernador del Banco de México de 1998 hasta 2010 (Licenciado en Economía por la UNAM, Maestría y Doctorado en Economía por Stanford): Es servidor público desde 1971, donde se desempeñó como economista en la Secretaría de la Presidencia. Ingresó al Banco de México en 1977, donde se desempeñó desde especialista ante la Gerencia de Análisis Económico Sectorial, hasta gerente de Investigación Económica, en 1984. A partir de ese año fue representación de México ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde llegó a ser director ejecutivo, representante de siete países, entre ellos España. Entre 1988 y noviembre de 1994 ocupó la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, siendo presidente Carlos Salinas de Gortari. Durante diciembre de 1994, con el gobierno de Ernesto Zedillo, y por sólo 28 días, pasó a ser secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT). Tras la devaluación monetaria de ese año, fue designado como titular de la Secretaria de Hacienda, cargo que ocupó hasta el 31 de diciembre de 1997. El 1de 1998 fue nombrado gobernador del Banco de México; ratificado en el 2004 por seis años más. Ortiz Martínez también tiene trayectoria como catedrático. Ha sido profesor en El Colegio de México, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), e instructor en la Universidad de Stanford, Palo Alto, California. En 1978 recibió el premio Rodrigo Gómez que otorga el Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica (CEMLA). En el año 2001 ingresa al llamado Grupo de los Treinta. Ha publicado dos libros y varios artículos sobre Economía y Finanzas. El 12 de enero de 2009 fue nombrado presidente del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) con sede en Basilea Suiza, máximo cargo que se le ha distinguido a cualquier latinoamericano en dicha institución.
Por desgracia, si queremos hacer un examen minucioso del trabajo de este economista en materia de política monetaria, tendríamos que basarnos en analizar su etapa como Gobernador del Banco de México basándonos en la información oficial de dicho banco central, y en base a los artículos publicados en la prensa durante ese período de tiempo. En mí opinión, este personaje es una pieza clave en la recuperación económica de México en el período de Zedillo, y que no se haya caído el país (económicamente hablando) en el período de Vicente Fox. Ha sido criticado por algunos economistas que se dicen expertos en macroeconomía, por haber enfocado la política macroeconómica del país basándose en controlar la inflación, a través de una política monetaria restrictiva, a mí parecer siempre hizo lo único que se podía hacer y siempre de la mejor manera posible.
Finalmente, cierro este post con José Ángel Gurría, Licenciado en Economía por la UNAM, Maestría en Economía por la Universidad de Leeds en Reino Unido, y tiene posgrados de la Universidad de Harvard y de la Universidad del Sur de California, habla seis idiomas: español, francés, inglés, portugués, italiano y alemán.
Analizar las cuestiones desde una perspectiva global, impulsar el dialogo franco entre los actores y promover la búsqueda de consensos fue el sello de su mandato al frente de la Secretaria de Relaciones Exteriores desde diciembre de 1994 hasta enero de 1998. A partir de enero de ese mismo año y hasta diciembre del 2000, Angel Gurría ofició como Secretario de Hacienda y Crédito Público, conduciendo la economía mexicana a través de un cambio de gobierno sin crisis (Al final de su gestión, la economía mexicana era estable y crecía a una tasa anual del 6,7%, condiciones que se mantuvieron durante la transición presidencial).
Yo a este hombre, he tenido la oportunidad de verlo hablar, y es el mejor agente divulgador de economía, ante problemas y/o reticencia económica, dándote una cátedra de porque si y porque no, debes de hacer algo en materia económica, las cuales no les vendrían nada mal a Zapatero y Elena Salgado, de los cuales hablaremos en el tercer post relacionado a este mismo.
La segunda parte de este post espero publicarla el miércoles y la tercera y última, el viernes…
El origen de este post nace por dos razones: 1) comparar la inexperiencia de la política económica de Zapatero en España (tercera parte) y 2) la falta de objetividad en la historia económica de México en Internet - ya que he notado en la búsqueda de información en la red - existe información dirigida en un sentido político y no económico en Wikipedia por mencionar “la mejor” fuente. Es importante aclarar que la información sobre cada etapa presidencial, no es de mí autoria, es un resumen, y dándole click al nombre del presidente les llevará a la fuente de donde lo tome (donde encontrarán más información).
El período de Miguel de la Madrid Hurtado (Licenciado en Derecho por la UNAM, Maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard):
El 1 de diciembre de 1982 de la Madrid tomó posesión del cargo con mandato hasta 1988, en un momento de "emergencia" económica, según la expresión que él mismo empleó. El hundimiento en junio de 1981 de los precios internacionales del petróleo -con mucha diferencia, el primer producto de exportación de México- debido a una saturación de la oferta en los mercados, había repercutido inmediatamente en toda la estructura productiva y financiera nacional, y reventado el engañoso auge desarrollista de los últimos años (merecedor en su momento del ditirambo de "milagro mexicano"), que basaba la industrialización en el endeudamiento. Para apagar la luz roja en todas las cuentas públicas, la escalada de los precios y la evaporación de las reservas de divisas, López Portillo había optado por ampliar el control estatal de la economía de modelo mixto mediante la nacionalización de la banca privada (1 de septiembre de 1982) y la implantación del control de cambios antes de fijar un tipo devaluado del peso.
Toda vez que estas medidas no dieron los resultados apetecidos, López Portillo hubo de decretar la moratoria en el pago de la deuda exterior. Cuando la transferencia del mando a de la Madrid, el país se encontraba ya en recesión económica, la inflación rozaba el 100% anual, la deuda exterior sobrepasaba los 80.000 millones de dólares y el sistema financiero estaba en virtual bancarrota por la caída de los ingresos de exportación y la fuga de capitales. El flamante mandatario mantuvo por el momento el intervencionismo financiero y monetario y anunció un plan anticrisis de diez puntos que incidía en la austeridad y la recuperación de la liquidez, y que postergaba la recuperación de la inversión, el consumo y el crecimiento. En líneas generales, dicho plan consistió en recortes en el gasto público, inversiones selectivas en actividades productivas y creadoras de empleo, subidas de los tipos de interés con el objeto de atraer los capitales financieros, alzas impositivas y tarifarias, y eliminación de subvenciones de productos básicos de la cesta de la compra.
En añadidura, de la Madrid lanzó una campaña de moralización en la función pública que incluyó reformas legales para fiscalizar y perseguir a los administradores corruptos. También, retomó el diálogo con los acreedores internacionales para reescalonar el servicio de la deuda y obtener un empréstito de 5.300 millones de dólares; a cambio, el Gobierno sistematizó sus medidas de ajuste con el denominado Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), presentado en enero de 1983. La cascada de iniciativas presidenciales incluyó la promulgación, el 30 de mayo de 1983, del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que, con el aval del FMI, sustituyó al PGD de 1980 y supuso una confirmación de la fe en las políticas estatistas y planificadoras como garantes del desarrollo a largo plazo.
Transcurrido el primer bienio de gobierno, de la Madrid presentó un balance económico esperanzador en el que destacaban: la recuperación del crecimiento, un 3,6% del PIB frente al 4.2% de tasa negativa con que había cerrado 1983; la reducción del déficit de las finanzas del Estado del 16,9% al 8,6%; la duplicación de las reservas internacionales de divisas; un sensible recorte de la inflación hasta el 81% anual; y, el regreso del superávit a la balanza por cuenta corriente, inclusive, tras muchos años de dominio de las importaciones sobre las exportaciones, la balanza comercial. Además, se había logrado renegociar la deuda en términos viables y el Estado había amortizado el crédito de urgencia concedido en diciembre de 1982 por el FMI.
Los sacrificios económicos encajados por los mexicanos en 1983 y 1984, con una fuerte pérdida de poder adquisitivo no fueron suficientes para conjurar las repercusiones negativas de un año tan infausto como 1985. El pago de la siempre atosigadora deuda externa obligó al Estado a hacer fuertes emisiones de moneda que generaron desconfianza en el peso e inflación, mientras que la continuación de las penurias financieras situó al PIRE en la picota. El deterioro se vio acelerado por la tendencia bajista de las cotizaciones internacionales del petróleo, la debilidad también de los mercados de las materias primas no petroleras que México exportaba, y la carrera alcista del dólar.
En el ecuador de su mandato, de la Madrid, calificado a menudo de hombre gris y falto de visión, se sintió impulsado a adoptar otra hornada de medidas de inequívoco sabor liberal: nuevas y vigorosas podas de gastos y de personal en la vastísima administración federal; desaparición de departamentos y oficinas gubernamentales; clausura de fideicomisos; suspensión de proyectos de obras públicas; venta al capital privado de empresas no emblemáticas del Estado; remoción de barreras proteccionistas a las importaciones; más recortes en los programas y subsidios sociales; y, nuevas alzas también en las tarifas de los servicios públicos. En agosto de 1986 México suscribió el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT).
A lo largo de 1987 el equipo presidencial dio pábulo al optimismo con la recuperación de las exportaciones no petroleras gracias al valor competitivo del peso y la firma de importantes acuerdos crediticios con la banca internacional. Además, se produjo una recuperación del precio del barril de crudo, lo que llenó de golpe el agujero en las reservas de divisas y elevó su nivel hasta el valor histórico de los 15.000 millones de dólares. El 5 de octubre de 1987 la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) vivió una jornada de euforia, pero en el lapso de unas breves horas las dinámicas especulativas actuaron con crudeza y explotó un proceso incontrolado de ventas que hasta el día 28 hizo perder al parqué bursátil hasta el 50% de su volumen de capitalización. El desfondamiento, coincidente con el crack de la Bolsa de Nueva York, sólo pudo ser detenido con la entrada urgente de la Nacional Financiera (Nafinsa) en las operaciones de compra.
El 18 de noviembre el Gobierno dispuso una devaluación del peso del 55% y fijó el tipo de cambio intervenido en las 2.278 unidades por dólar, haciéndolo coincidir con el tipo de cambio libre; al principio de sexenio, el dólar se había cambiado a 150 pesos, lo que da una idea del grado de depreciación sufrido por la moneda mexicana en estos años. Entre enero y diciembre de 1987 el peso perdió el 192% de su valor y la inflación para los doce meses registró la tasa del 160%. En diciembre de 1988 la moneda iba a acumular una devaluación del 3.270% desde diciembre de 1982.
El 15 de diciembre de 1987, urgido por las circunstancias, de la Madrid suscribió un Pacto de Solidaridad Económica (PSE) con los actores sociales para consensuar las medidas de contingencia antiinflacionaria y repartir cargas de responsabilidad y sacrificio. Sin embargo, el pujante sindicalismo independiente del PRI optó por las movilizaciones de protesta, asumiendo la portavocía de un profundo malestar social que se nutría tanto del interminable ajuste económico como de los excesos demagógicos de los responsables políticos, las endémicas redes de corrupción y clientelismo, la inepcia burocrática y, en definitiva, todos los vicios e inercias de un sistema que ya no daba más de sí sin profundas transformaciones tras más de medio siglo de vigencia.
De hecho, con de la Madrid se cerraba una época, pues el mandatario, a diferencia de sus predecesores, renunció a incrementar el presupuesto federal como fórmula para contener las presiones sociales; ahora, esas presiones, impelidas por el crecimiento demográfico, la industrialización, la urbanización y la mejora del nivel educativo, sumaban a las preocupaciones materiales de siempre unas exigencias sin precedentes de mayor apertura y pluralismo políticos, reflejando la emergencia de una sociedad civil más compleja y madura.
El hundimiento de la BMV se produjo un día antes de designar de la Madrid a su candidato para las elecciones de 1988. La codiciada distinción recayó en Carlos Salinas de Gortari, antiguo alumno suyo en la UNAM, protegido desde largo tiempo y factótum de la nueva política económica como responsable de la Secretaría de Programación y Presupuesto, la misma que había desocupado de la Madrid en 1982. No obstante estar bregado en las labores ideológicas del PRI, Salinas encarnaba las nuevas generaciones de cuadros tecnocráticos impregnados de pragmatismo economicista.
Carlos Salinas de Gortari (Licenciado en Economía por la UNAM (1970), una maestría en Administración Pública (1973) y otra en Economía Política (1976), y un Doctorado en Economía Política y Gobierno (1978), todos estos posgrados en Harvard).
En 1979, en el cuarto año de la presidencia de José López Portillo, su anterior jefe ministerial cuando éste llevó la Secretaría de Hacienda hasta 1975, Salinas fue nombrado secretario técnico del Gabinete Económico y director general de Política Económica y Social en la Secretaría de Programación y Presupuesto, ministerio que titularizaba un antiguo profesor suyo en la UNAM, Miguel de la Madrid Hurtado, a la sazón el tapado de López Portillo para sucederle en la Presidencia en las elecciones de 1982. Llegado ese momento, Salinas supervisó desde el IEPES la campaña presidencial de de la Madrid, quien una vez posesionado de la suprema magistratura, el 1 de diciembre, entregó a su antiguo alumno la secretaría gubernamental que había desocupado el año anterior.
El presidente de la Madrid delegó en su hombre de confianza la paternidad de una nueva política económica que principió las reformas más características de la década siguiente: la austeridad en el gasto público, con recortes en los programas y los subsidios sociales, la liberalización del comercio exterior y la diversificación de las exportaciones, la apertura a las inversiones foráneas, la reconversión industrial y la privatización de empresas del Estado.
Bajo la Administración de Salinas se ejecutaron las grandes transformaciones estructurales que el presidente consideraba ineludibles para conformar el México moderno del próximo siglo. De entrada, se aceleró la campaña de privatizaciones comenzada en 1982, viéndose afectadas ahora todas las grandes empresas del Estado. Así, fueron entregados al capital privado la telefonía (Telmex, una compañía plagada de denuncias por negligencia en el servicio que en diciembre de 1990 fue adjudicada en pública subasta a un consorcio encabezado por el magnate Carlos Slim Helú), las comunicaciones viales y las aerolíneas, el sector químico, el siderúrgico (Altos Hornos de México), los seguros, las cadenas hoteleras, los medios de radiodifusión (Imevisión, que dio lugar a la TV Azteca) y, finalmente, la banca.
La histórica reforma del sistema bancario, emprendida en mayo de 1990 y rematada en diciembre de 1993, supuso la reversión total de la nacionalización realizada en 1982 por López Portillo, que había reducido las 764 entidades entonces existentes a menos de una veintena, encabezando las sobrevivientes el Banco Nacional de México (Banamex) y el Banco del Comercio (Bancomer). Asimismo, el Banco central de México, Banxico, fue dotado, reforma constitucional mediante, de un régimen jurídico que, con arreglo al modelo liberal, garantizaba su autonomía funcional y administrativa.
Eminentemente pragmático, Salinas explicó que las privatizaciones convenían al país a efectos de ingresos en la caja del Estado, ganancias que luego el Gobierno destinaría a abonar la deuda interna y a costear las necesidades sociales, pero la gigantesca operación produjo unos réditos incluso mayores de los esperados: sólo en 1991 el Estado recaudó 10.700 millones de dólares por ese concepto. Al final del mandato de Salinas, más del 90% del parque empresarial del país tenía dueños privados, quedando como únicas excepciones relevantes la Comisión Federal de electricidad (CFE) y el emblemático monopolio Pemex, el cual, no obstante, tampoco salió indemne de la avalancha de liberalizaciones, ya que, a través de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (julio de 1992), empezó a estructurarse como holding corporativo, asumiendo criterios de eficiencia y racionalidad, dotándose de una estructura divisional (las subsidiarias de Exploración y Producción, de Refinación, de Gas y Petroquímica Básica, y de Petroquímica) y abriéndose a la inversión privada extranjera según el esquema de franquicias.
El segundo florón del "liberalismo social" pregonado por Salinas fue la modificación, en diciembre de 1991, del régimen minifundista del ejido, perpetuado como la principal conquista social de la Revolución pero que, según el Gobierno, dificultaba la mecanización y la capitalización del agro mexicano por la reducida extensión de las parcelas comunitarias. La enmienda del artículo 27 de la Constitución suprimió el marco jurídico de la reforma agraria realizada en el período cardenista, poniendo fin al reparto de terrenos, convirtiendo a los tres millones de ejidatarios en propietarios formales y autorizando a las sociedades con capital privado la adquisición, reventa o arriendo de los ejidales con determinados límites de superficie. En círculos izquierdistas no hubo ambages en hablar de verdadera "contrarreforma agraria".
En tercer lugar, Salinas inauguró un nuevo concepto del crecimiento económico nacional que orientaba la producción hacia fuera, a la exportación, en detrimento de la industrialización. En la liberalización comercial, en el desarme arancelario a gran escala, iba a fundar, pues, México, sus perspectivas de progreso, y en primer lugar, el presidente apostó duro por la inclusión de México en el área de libre comercio ultimada por Canadá y Estados Unidos, país que por sí solo concentraba el 73% de todos los intercambios de México con el exterior.
Este histórico despegue del área latinoamericana para unirse a la Norteamérica rica y anglosajona desembocó en la firma por Salinas el 17 de diciembre de 1992, a la vez que lo hacían, cada uno en su país, el presidente George Bush y el primer ministro Brian Mulroney, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA en su sigla en inglés), por el que los tres países asumían un cronograma para la eliminación de todos los aranceles al comercio trilateral en un plazo de diez años a partir del primer día de 1994. Si todo iba bien, en 2004 el TLCAN debía estar plenamente operativo.
El PIB mexicano creció en el primer cuatrienio de la administración de Salinas un promedio anual del 3,2%. En 1993 la tasa marcó sólo el 0,4%, en parte debido a una actuación del Gobierno para impedir el recalentamiento de la economía, pero en 1994 recuperó la pauta anterior. La inflación marcó en 1989 el 19,7%, en 1990 remontó hasta el 30% y en lo sucesivo descendió progresivamente hasta el 7,1% registrado en 1994, índice sin parangón en 22 años.
En este comportamiento positivo fue instrumental la entrada en vigor, el 1 de enero de 1993, del nuevo peso, que restó tres ceros a la divisa homónima precedente y que cotizó al tipo fijo de 3,3 unidades por dólar más una banda de fluctuación. A la bonanza económica y la estabilidad monetaria se les sumó una negociación con el FMI, la banca comercial y una serie de gobiernos acreedores para la reestructuración de la deuda externa que produjo resultados moderadamente positivos. Primer país del continente en abrazar (julio de 1989) el Plan Brady ofrecido por el Tesoro de Estados Unidos, México recortó el servicio de la deuda por la mitad y hasta 1992 el monto de la misma osciló ligeramente por encima de los 100.000 millones de dólares, comenzando a crecer luego.
Pero los logros en las luchas contra la inflación y el déficit de las finanzas públicas (en 1992 el salinismo puso fin a este endémico descubierto por la vía de emitir deuda pública y obtuvo un espectacular superávit del 3,4%) se cobraron grandes sacrificios de la población, sobre todo la disminución sistemática del poder adquisitivo de las clases medias y bajas. Para compensar los bajos salarios, la reforma del ejido y la supresión de multitud de intervenciones proteccionistas y asistenciales, el Estado puso en marcha el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), que, financiado con el producto de las privatizaciones, invirtió 18.000 millones de dólares en infraestructuras de comunicaciones, servicios sociales, vivienda subvencionada, becas de estudios y otras ayudas.
En los momentos de mayor optimismo del sexenio salinista por la constatación de un nuevo milagro económico mexicano (otra etapa calificada de milagrosa había sido el boom desarrollista fundado en el petróleo en la segunda mitad de los años setenta, durante el lopezportillismo), varios analistas coincidieron en advertir que el crecimiento se estaba apoyando sobre bases hueras, ya que la mayoría de los capitales privados estaban siendo invertidos, no en actividades productivas y generadoras de riqueza estructural, sino en fórmulas de riesgo financiero pero con alta rentabilidad así como en instrumentos de deuda pública como los tesobonos (que garantizaban los pagos en dólares en vez de pesos), creando una peligrosa burbuja especulativa. Así, en 1992, más de la mitad de los 60.000 millones de dólares en capital foráneo estaba invertida en la bolsa de valores.
El 1 de diciembre Salinas terminó su mandato y Zedillo tomó posesión de la Presidencia. Nadie imaginaba entonces que México estaba a punto de sufrir una de las crisis más angustiosas de su historia. El 19 de diciembre, informado por Banxico de que las reservas internacionales en dólares estaban agotándose vertiginosamente al ritmo de una masiva fuga de capitales especulativos y de cancelaciones de tesobonos que habían comenzado tras el asesinato de Colosio y tomado un curso acelerado en noviembre, hasta alcanzar los 24.000 millones de dólares, Zedillo decidió devaluar el sobrevalorado peso en un 15%, pero el nuevo margen de cotización fue inmediatamente rebasado, obligando a declarar la libre flotación de la moneda el día 22. Aunque los problemas de iliquidez del tesoro público habían alcanzado un nivel crítico meses antes del traspaso presidencial, la administración saliente no tomó ninguna medida contundente antes de recurrir a la devaluación, como podría haber sido una subida de los tipos de interés –receta ortodoxa que sin embargo habría resultado altamente impopular- para revertir la crisis.
Hasta las fiestas navideñas, el peso perdió un 60% de su valor, convulsionando los mercados internacionales -el popularmente conocido como efecto tequila- y colocando las finanzas mexicanas al borde de un hundimiento de dimensiones catastróficas. Sólo un gigantesco plan de salvamento internacional coordinado por el FMI y capitaneado por la Reserva Federal Estados Unidos, con una inyección de 51.000 millones de dólares, permitió estabilizar el mercado cambiario, pero, eso sí, al precio de aplicar un draconiano plan de ajuste. La descomunal crisis financiera reveló crudamente la naturaleza desestructurada y ficticia de buena parte del crecimiento registrado de los últimos años. El mercado financiero volvió a estabilizarse, pero 1995 iba a cerrarlo México con una recesión económica del 6,9% y una tasa de inflación del 52%, por no hablar de la destrucción o precarización de millones de puestos de trabajo, de la pérdida de poder adquisitivo por la población y del agravamiento de las desigualdades sociales.
Ernesto Zedillo Ponce de León (Licenciado en Economía por el IPN, Doctor en Economía por Yale).
Desde 1978 y a lo largo de las administraciones de José López Portillo (1976-1982) y Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), Zedillo se desempeñó sucesivamente como: analista y subgerente de investigación económica del Banco central de México (BANXICO); responsable de la puesta en marcha del Fondo de Intercambio, Cobertura de Riesgos y Confianza (FICORCA), un órgano gubernamental, también conocido como Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios, que permitió reestructurar la deuda de muchas empresas mexicanas; y, desde 1987, subsecretario de Planeación y Control Presupuestal en la Secretaría de Programación y Presupuesto del Gobierno federal.
En diciembre de 1988 el nuevo mandatario priísta, Carlos Salinas de Gortari, también economista de formación, le nombró secretario, esto es, ministro, de Programación y Presupuesto en sustitución de quien hasta ahora había sido su superior, Pedro Aspe Armella. Como tal, Zedillo se encargó de ejecutar las directrices de austeridad en los gastos del Estado prescritas por el FMI y asumidas por Salinas como parte de su ambicioso programa de reformas liberales en la estructura de la economía, y también participó en el diseño de las políticas de desarrollo y del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), encaminado a paliar el coste de las reconversiones en el terreno social.
En enero de 1992 Salinas le puso al frente de la Secretaría de Educación Pública, donde emprendió una profunda reforma de la educación preescolar, primaria y secundaria que quedó plasmada en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), presentado a la opinión pública en el mes de mayo. En noviembre de 1993 el designado candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, con quien compartía una visión democratizadora del sistema político, nombró a Zedillo coordinador general de su precampaña electoral.
Colosio fue asesinado el 23 de marzo de 1994 durante un mitin en Tijuana y seis días después, con el país conmocionado por el magnicidio, el PRI se decantó por Zedillo como el nuevo postulante del oficialismo. Hombre con una imagen de servidor público competente, inteligente y honesto, pero un tanto gris y sin gancho, su ubicación en los círculos de Colosio y Salinas se interpretó entonces como una garantía para la continuidad de las reformas impulsadas durante el sexenio que tocaba a su fin.
El 19 de diciembre Zedillo no había cumplido su tercera semana de trabajo en la Residencia Oficial de Los Pinos cuando le salió al paso una de las sorpresas más desagradables nunca encajadas por un presidente recién inaugurado en cualquier país del mundo, aunque los nubarrones que presagiaban la tormenta ya llevaban un tiempo desprendiendo chispas. Aquel día, advertido por BANXICO de que las reservas de dólares se estaban agotando a toda velocidad en el vano intento de sostener al sobrevalorado peso, objeto de agresiones en el mercado cambiario, el presidente aprobó una devaluación monetaria del 15% que sin embargo fue invalidada de inmediato por la dinámica del mercado libre. Lo que se reveló, en toda su crudeza, fue una gravísima crisis financiera provocada por el embarque masivo de capitales especulativos, iniciado tras el asesinato de Colosio y acelerado en las últimas semanas, que totalizó los 24.000 millones de dólares. El peso, puesto en flotación el día 22, cayó en barrena y hasta el final de año perdió el 60% de su valor, convulsionando los mercados internacionales -el popularmente conocido como efecto tequila- y situando al sistema financiero mexicano al borde de la quiebra.
La catástrofe pudo ser evitada gracias a un apresurado plan de salvamento internacional, el cual, coordinado por el FMI y capitaneado por el Tesoro de Estados Unidos, inyectó desde el 21 de febrero 51.000 millones de dólares a cambio de un drástico plan de austeridad consistente en la subida de los impuestos indirectos y las tarifas de los servicios públicos, así como la contención de los salarios por debajo de los nuevos precios. La condición más extrema y dolorosa que le impuso Washington al Estado mexicano a cambio de la gigantesca contingencia crediticia fue el depósito como garantía de pago en un banco estadounidense de los 7.000 millones de dólares ingresados anualmente por las ventas petroleras, toda una hipoteca sobre el florón de la producción nacional.
El sistema financiero volvió a estabilizarse, pero 1995 lo cerró México con una recesión económica del -6,9% del PIB y una tasa de inflación del 52%. Además, la restauración del orden financiero condujo a la destrucción o la subcontratación de millones de puestos de trabajo, a una pérdida masiva de poder adquisitivo de la población y al crecimiento de las rentas más elevadas. Con un 40% de la población por debajo del umbral de la pobreza y al menos otro 25% en sus límites, México acentuó su condición como uno de los países con más desigualdades sociales de América Latina. Claro que el presidente, combinando deseos de solvencia y prurito nacionalista, dispuso lo necesario para lograr la rápida y completa amortización del préstamo de emergencia: el último tramo, intereses incluidos, fue reembolsado el 15 de enero de 1997, tres años antes del plazo establecido.
Por desgracia, no puedo hablar de Vicente Fox y Felipe Calderón, no porque sean panistas (me considero una persona apolítica), sino porque desde un punto de vista como economista, Fox no hizo prácticamente nada, y Calderón es y será sólo, en la historia de México, una guerra contra el narcotráfico. Aún así, les dejo los links, y juzguen ustedes mismos la información si les interesa.
Guillermo Ortiz, fue Gobernador del Banco de México de 1998 hasta 2010 (Licenciado en Economía por la UNAM, Maestría y Doctorado en Economía por Stanford): Es servidor público desde 1971, donde se desempeñó como economista en la Secretaría de la Presidencia. Ingresó al Banco de México en 1977, donde se desempeñó desde especialista ante la Gerencia de Análisis Económico Sectorial, hasta gerente de Investigación Económica, en 1984. A partir de ese año fue representación de México ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde llegó a ser director ejecutivo, representante de siete países, entre ellos España. Entre 1988 y noviembre de 1994 ocupó la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, siendo presidente Carlos Salinas de Gortari. Durante diciembre de 1994, con el gobierno de Ernesto Zedillo, y por sólo 28 días, pasó a ser secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT). Tras la devaluación monetaria de ese año, fue designado como titular de la Secretaria de Hacienda, cargo que ocupó hasta el 31 de diciembre de 1997. El 1de 1998 fue nombrado gobernador del Banco de México; ratificado en el 2004 por seis años más. Ortiz Martínez también tiene trayectoria como catedrático. Ha sido profesor en El Colegio de México, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), e instructor en la Universidad de Stanford, Palo Alto, California. En 1978 recibió el premio Rodrigo Gómez que otorga el Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica (CEMLA). En el año 2001 ingresa al llamado Grupo de los Treinta. Ha publicado dos libros y varios artículos sobre Economía y Finanzas. El 12 de enero de 2009 fue nombrado presidente del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) con sede en Basilea Suiza, máximo cargo que se le ha distinguido a cualquier latinoamericano en dicha institución.
Por desgracia, si queremos hacer un examen minucioso del trabajo de este economista en materia de política monetaria, tendríamos que basarnos en analizar su etapa como Gobernador del Banco de México basándonos en la información oficial de dicho banco central, y en base a los artículos publicados en la prensa durante ese período de tiempo. En mí opinión, este personaje es una pieza clave en la recuperación económica de México en el período de Zedillo, y que no se haya caído el país (económicamente hablando) en el período de Vicente Fox. Ha sido criticado por algunos economistas que se dicen expertos en macroeconomía, por haber enfocado la política macroeconómica del país basándose en controlar la inflación, a través de una política monetaria restrictiva, a mí parecer siempre hizo lo único que se podía hacer y siempre de la mejor manera posible.
Finalmente, cierro este post con José Ángel Gurría, Licenciado en Economía por la UNAM, Maestría en Economía por la Universidad de Leeds en Reino Unido, y tiene posgrados de la Universidad de Harvard y de la Universidad del Sur de California, habla seis idiomas: español, francés, inglés, portugués, italiano y alemán.
Analizar las cuestiones desde una perspectiva global, impulsar el dialogo franco entre los actores y promover la búsqueda de consensos fue el sello de su mandato al frente de la Secretaria de Relaciones Exteriores desde diciembre de 1994 hasta enero de 1998. A partir de enero de ese mismo año y hasta diciembre del 2000, Angel Gurría ofició como Secretario de Hacienda y Crédito Público, conduciendo la economía mexicana a través de un cambio de gobierno sin crisis (Al final de su gestión, la economía mexicana era estable y crecía a una tasa anual del 6,7%, condiciones que se mantuvieron durante la transición presidencial).
Yo a este hombre, he tenido la oportunidad de verlo hablar, y es el mejor agente divulgador de economía, ante problemas y/o reticencia económica, dándote una cátedra de porque si y porque no, debes de hacer algo en materia económica, las cuales no les vendrían nada mal a Zapatero y Elena Salgado, de los cuales hablaremos en el tercer post relacionado a este mismo.
La segunda parte de este post espero publicarla el miércoles y la tercera y última, el viernes…
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